El proyecto de reforma tributaria vive horas clave en su primer trámite constitucional, ya que entre hoy y mañana la Sala de la Cámara de Diputados se abocará al debate y la votación en general y particular del proyecto, en lo que se anticipa que serán días de alta tensión entre el gobierno, el oficialismo y la oposición.

Y un anticipo de aquello hubo en la sesión de hoy, que partió pasadas las 10 de la mañana y que se abocó al debate de las ideas matrices de la iniciativa, donde se produjo un choque entre las partes respecto al contenido de la propuesta, como la creación de un impuesto al patrimonio (o a la riqueza), las medidas para incentivar el crecimiento y la inversión, apoyos a las pequeñas y medianas empresas (Pyme) y las políticas para controlar la evasión y la elusión.

El proyecto se votará hoy en general y particular en la Cámara, hasta su total despacho. El plazo dependerá de cuántas indicaciones se declaren inadmisibles.

Luego de cerca de una hora de exposición del presidente de la comisión de Hacienda y diputado informante del proyecto, Jaime Naranjo (PS), su par del Partido Republicano, Agustín Romero, abrió los fuegos. En un tono duro, el también integrante de la comisión que analizó la reforma durante siete meses criticó que el texto "solo se enfoca en la recaudación", apuntando a alternativas para destinar mayores recursos a políticas sociales, como reducir "grasa en el Estado" y ser más "eficientes" en el gasto público".

"Con esta reforma, los ricos seguirán siendo ricos y los pobres seguirán siendo pobres", lanzó el legislador, afirmando que su bancada votará en contra de la idea de legislar de la norma.

A continuación fue el turno del RN Miguel Mellado, quien argumentó que la "mejor fuente" de recaudación fiscal es el crecimiento y la inversión, haciendo referencia a la fuerte expansión de los ingresos del Estado en 2021, cuando la economía creció más de 10%, y las rentas generadas por el litio, que ya en enero superaron las proyecciones para un año completo.

"¿En qué país del mundo se cobra un arriendo a las utilidades acumuladas en las empresas?", se cuestionó el también integrante de la comisión de Hacienda.

La respuesta vino de parte del PC Boris Barrera, quien señaló que la reforma tributaria es "clave" para financiar las "conquistas sociales que pide el pueblo de Chile", asegurando que sin la mayor recaudación "no podemos hacernos cargo del mayor gasto en salud, educación y los derechos sociales".

El independiente exPPD René Alinco argumentó a continuación que el texto tiene "letra chica", ya que -en su opinión- las "consecuencias" del aumento de los impuestos lo "sufrirán las Pymes chilenas", agregando que "no estoy conforme con este proyecto" y pidió mayores incentivos fiscales a las zonas extremas como Aysén.

Francisco Undurraga, de Evópoli, planteó que el aumento en los ingresos del Estado no puede resolverse "sobrecargando" a las empresas, apuntando a ampliar la base de contribuyentes que pagan impuesto a la renta, ya que cerca del 75% de las personas está exenta del Global Complementario.

Rubén Oyarzo, del PDG, señaló que la tienda buscará establecer negociaciones con el Ejecutivo para incorporar nuevos incentivos a la formalización de contribuyentes, manifestando que están abiertos a un acuerdo "sin atrincherarse en los extremos". Eso sí, pidió al gobierno quitarle la urgencia a la iniciativa.

Luego fue el turno nuevamente de Naranjo, quien hizo una dura interpelación a la oposición y al sector empresarial, sosteniendo que deberían estar disponibles para "pagar la deuda social" del país.

"Si no logran entenderlo, estamos en la antesala de otro estallido social. Hay que resolver las demandas sociales. La derecha se está poniendo del lado de quienes evaden y eluden, no sigamos engañando al país", lanzó el diputado.

Dicho emplazamiento encontró respuesta en el republicano Luis Sánchez: "Comprar paz social es como el discurso que tendría un secuestrador".

La diputada del PC, Karol Cariola, puso el foco en el gravamen a los altos patrimonios, señalando que "hemos luchado mucho por el impuesto a los súper ricos y esta reforma la hace realidad", instando a sus pares a aprobar dicho artículo de la reforma.

El cierre de las ponencias estuvo a cargo del UDI Guillermo Ramírez, quien endureció su tono y anunció que su bancada -al igual que la de RN- votarán en contra de la idea de legislar el proyecto.

"La reforma tributaria del 2014 produjo un desastre en la economía. La actual reforma es peor, más ambiciosa y con peores instrumentos que la del exministro Arenas. El gobierno y la izquierda no tienen el derecho a postergar la llegada de Chile al desarrollo mientras cambian de opinión respecto a la reforma", sentenció quien fuera uno de los principales negociadores de la derecha en la comisión de Hacienda.

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El contragolpe de Marcel

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, escuchó con paciencia y tomó notas de las intervenciones de los casi 30 diputados que tomaron la palabra en la discusión. En el tono calmado que lo caracteriza, la autoridad contradijo las aseveraciones de que la reforma no contempla medidas de control para la informalidad, que no es ambiciosa en el combate a la evasión y a la elusión, o que perjudica a las Pymes.

Junto con fundamentar que en los ocho meses de tramitación del proyecto se registraron cerca de 300 votaciones, de las cuales la mitad fueron aprobadas con votos de la oposición, se ingresaron 90 indicaciones a la propuesta original y que apenas siete artículos se rechazaron, señaló que muchas afirmaciones "no tienen relación" con el contenido del proyecto.

"En primer lugar, hubo varias intervenciones que hicieron referencia a la informalidad y la importancia de que este fuera un proyecto que contribuyera a combatir la informalidad. En este proyecto hay al menos siete medidas que apuntan en esa dirección justamente", planteó, como la obligación de solicitar inicio de actividades en importaciones y quienes soliciten operar pagos en portales electrónicos; la creación del delito de almacenamiento de mercaderías ilícitas no solo de bienes importados, sino también de madera, salmones o cobre; la creación del delito de seguir comercializando vía redes sociales pese a una clausura decretada; el registro de plataformas extranjeras que venden bienes para efectos del pago de IVA; y beneficios de IVA por 24 meses para el inicio y formalización de negocios, citó como ejemplos.

"Por supuesto, si hubiera otras (medidas), estaría con mucho interés de incorporarlas" en el proyecto, dijo.

Luego, se hizo cargo de las críticas de que la reforma "atenta" contra la inversión y la productividad, fundamentando que "contrariamente a esa idea, este es un proyecto que introduce una ley de incentivos tributarios para inversiones y desarrollo sustentables", creando también un fondo de créditos tributarios para inversiones verdes y con efecto multiplicados sobre la economía, mejoras a la ley de incentivos fiscales a la investigación y desarrollo en empresas privadas, la entrega de "beneficios adicionales" a las Pymes, se amplía el monto del crédito a asignar en cada proyecto de investigación y desarrollo, y se crea un régimen de depreciación semi instantánea para inversiones en activo fijo en 2023, entre otros ejemplos que citó.

En cuanto a las Pyme, recordó que se acotará el alza del impuesto corporativo para el sector, que subiría de 10% a 25% este año, pasando a 13% este año y llegando al 25% recién en dos años más. Y que también pueden acogerse a la "tasa de desarrollo" del 2% de las utilidades que se destinen a gastos en productividad de las empresas.

"Quisiera solicitar a los diputados, diputadas que han hecho las afirmaciones respecto de que es un proyecto que perjudica a las Pymes, que me den un ejemplo de una medida que perjudique a las Pymes en este proyecto, porque yo sinceramente no lo puedo encontrar. Al contrario, tenemos en este proyecto una serie de beneficios para las Pymes", planteó, recalcando por ejemplo que el rubro no estará afecto al impuesto a las utilidades retenidas que crea la reforma.

Sobre las medidas contra la evasión y la elusión, enumeró los cambios a materias como el traspaso de patrimonio entre contribuyentes de altos ingresos, la creación de sociedades pasivas en paraísos tributarios para burlar el correcto pago de los impuestos, la tributación de las donaciones revocables, y el no pago del IVA en la venta de inmuebles a través de la asignación del bien raíz a una nueva sociedad.

"Todos estos ejemplos están siendo controlados, limitados, eliminados en este proyecto de reforma tributaria. Quienes han señalado que están por reducir la evasión y la elusión, pero al mismo tiempo plantean votar en general en contra este proyecto, la consecuencia práctica de su decisión es que si se rechaza en general este proyecto ninguna de estas normas de control van a poder ser aplicadas y, por lo tanto, todos estos abusos tributarios van a poder seguir imperando, desarrollándose y diseminándose en el sistema", manifestó.

Lo que se espera para miércoles

Para la sesión de mañana miércoles se prevé la votación en general y particular del texto. Cálculos del Ejecutivo apuntan a que si se declaran inadmisibles la mayoría de las indicaciones ingresadas por los parlamentarios, hay una posibilidad cierta de que el proyecto se despache al Senado a inicios de la tarde de mañana. En caso contrario, la tramitación se extendería hasta total despacho.